Finalizando los dos años del gobierno de Mario Abdo Benítez (MAB), en el ámbito político del partido oficialista se produce el pacto “MAB-Cartes” denominado Concordia Colorada, que tiene como base la permanencia en el poder del desgastado presidente a cambio de la impunidad del expresidente y los grupos mafiosos, sellando de esta manera, el verdadero poder en este último.
El pacto MAB - Cartes, parece más un arreglo doméstico de parejas, que un acuerdo programático para desarrollar el país: más aún, considerando los actores reales del poder detrás del teatro político, o sea, los grupos económicos dominantes y mafiosos. En realidad, es un pacto entre grupos corruptos, evasores, mafiosos, contrabandistas, narcos políticos, lavadores de dinero, etc., que justamente se afianzaron en el poder político con el Gobierno de Cartes y que el actual Gobierno continúa.
Recordemos que, en 2019, MAB estuvo a punto de ser desalojado por Cartes de la presidencia de la república, debido al escándalo por el acuerdo secreto con el Gobierno brasileño para la venta de energía de Itaipú, pero con la injerencia de la embajada norteamericana, la Nunciatura del Vaticano y del Gobierno brasileño -que presionaron a Cartes- MAB se mantuvo en la silla presidencial, en el marco de la permanencia del modelo político y económico agroexportador extractivista.
A dos años del gobierno de MAB (continuador del modelo cartista) enumeramos rápidamente algunos resultados, además del que ya mencionamos en el ámbito político:
En lo económico y social, la crisis que ya venía anteriormente se profundizó ahora con la pandemia del coronavirus: miles de empresas -especialmente pequeñas y medianas- cerrándose, y trabajadores perdiendo el empleo: 33.169 según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEEC 2019) y actualmente con la pandemia más de 88.000 según el Ministerio del Trabajo. Datos de la DGEEC que acaban de salir (agosto de 2020) muestran que el 42,4% de los hogares urbanos tuvo algún miembro que perdió el trabajo o su ingreso y el 29,7% de los hogares rurales, siendo la caída de los ingresos de los trabajadores también significativas en el 72,9% de los hogares urbanos y 60,9% de los hogares rurales. Esto sin lugar a dudas aumentará la pobreza y el hambre en el país.
Esta crisis se da principalmente porque este Gobierno, al igual que el anterior, ha privilegiado con más fuerza aún el modelo agroexportador. Apenas asumió, emprendió una supuesta “reforma tributaria” que favorece ampliamente a los sectores concentradores de la riqueza que no quieren pagar impuestos: sojeros, terratenientes, empresarios, tabacaleros, etc., a quienes no se les gravó la importación de granos, no se les tocó el impuesto inmobiliario, ni el impuesto al tabaco, tampoco a las bebidas alcohólicas ni a la comida chatarra. Hay una protección permanente a los grupos económicos que históricamente se han beneficiado del modelo económico, los recursos y la política estatal.
En contrapartida siguió el abandono hacia la agricultura campesina, sin política de Estado para impulsar el sector, sino con la típica “política de proyectos” asistencialistas que se mantienen marginalmente con la cooperación internacional. No hubo política de distribución de tierras para los campesinos, menos expropiación, ni recuperación de tierras fiscales o mal habidas en manos de terratenientes nacionales o extranjeros. El único proceso de expropiación de tierras para los campesinos que estaba en el Congreso, 1.450 hectáreas en Tacuatí, San Pedro, fue rechazado, en 2019, a pedido del propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Por el contrario, siguió y recrudeció la agresión a los pobres con la política de desalojos, derogando a pedido de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP), el “Protocolo de Actuación para Casos de Desalojos” (vigente desde 2012) y realizando en 2019 el desalojo de sus tierras a 29.000 personas, en 30 operativos represivos y violentos en las zonas rurales y urbanas.
La crisis empeora por la calamitosa situación de la política social (ya señalada en la edición anterior de Poder Popular), en que la salud y la educación están en terapia intensiva, por la precariedad, segregación, falta de cobertura universal, mala calidad e histórica baja inversión, manteniendo a la población pobre con programas residuales de asistencia.
Entre las nefastas herencias del actual Gobierno (y el anterior) se encuentra el acelerado endeudamiento al país. La deuda pública total actual (junio de 2020) llegó a 10.871,4 millones de dólares (73.925.520.000.000 billones de guaraníes al cambio actual), 30,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Como la deuda pública puede ser externa (con acreedores internacionales) e interna (con acreedores nacionales), la deuda externa llegó a 9.339 millones de dólares y la deuda interna a 1.532,4 millones de dólares. En términos de cada paraguayo y paraguaya (deuda pública per cápita) significa que cada uno de nosotros debemos ahora 10.267.433 guaraníes.
Antes del Gobierno de Cartes (2013) la deuda pública total era de 4.174,2 millones de dólares, es decir que cada paraguayo y paraguaya debíamos entonces 3.210.923 guaraníes. Cartes terminó su gobierno con un endeudamiento de 8.040,9 millones de dólares, es decir que casi lo duplicó, 92,6% más y MAB en dos años ya aumentó 35,2% más. Se estima que la deuda pública total alcanzará a fin de año 12.553 millones de dólares, equivalente a 34,5% del PIB, lo que significa una situación difícil de manejar debido a los bajos ingresos que tiene el Estado. Deuda que vamos a pagar todos nosotros y las próximas generaciones (hijos, nietos, bisnietos y tataranietos).
En cuanto a la composición de la deuda externa esta puede ser contraída con organismos financieros internacionales (BID, BM, CAF, FONPLATA y otros), que a la fecha alcanzó 3.611,6 millones de dólares y, con personas y empresas del mercado privado especulativo a través de los Bonos Soberanos, que a la fecha alcanzó 5.360 millones de dólares.
¿Por qué el endeudamiento ha aumentado tan aceleradamente durante los gobiernos de Cartes y MAB?
La causa principal es el bajo ingreso tributario del Estado que, hasta fines del 2019 era apenas del 10% del PIB, que si comparamos con los otros países del Mercosur llega a un promedio de 33% del PIB. La razón de esto es que, el Estado paraguayo cobra los impuestos más bajos de la región y casi del mundo a los grupos económicos dominantes, especialmente el agroexportador (soja y carne), los de “importación/exportación” de frontera, algunos sectores específicos como el tabaco, bebidas alcohólicas, comida chatarra, sector financiero y sector empresarial en general, que históricamente han sido los privilegiados de este modelo, obteniendo enormes ganancias.
El Paraguay es casi un paraíso fiscal para los ricos. En 2019 los agroexportadores apenas contribuyeron al Estado el 4,9% del total de la recaudación tributaria. La estructura tributaria es regresiva, es decir, la mayor parte de los impuestos recaudados es del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el cual resultan más afectados los pobres que, terminan pagando más impuestos que los ricos en proporción a sus ingresos.
El Impuesto a la Renta Personal (IRP), generalmente se deduce (reduce con facturas) cuanta más empresas y capital se tiene, por la capacidad de compra. Así las personas más ricas de este país casi no pagan impuesto a la renta. También existe una práctica permanente de evadir impuestos: según la Secretaria de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda (MH) la evasión fiscal ronda el 30%. Los grandes evasores que con diversos mecanismos tratan de eludir el pago de impuestos son principalmente las empresas transnacionales de los agronegocios.
Además de los ingresos tributarios el Estado tiene otros ingresos menores como, por ejemplo, los royalties y las compensaciones por la venta de energía a Brasil y Argentina, pero todo esto no alcanza para cubrir el gasto público que se establece en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN), especialmente, para la construcción de infraestructura y, entonces se produce los que se llama el Déficit fiscal o agujero en el presupuesto público (falta de ingreso para cubrir el presupuesto público), que termina cubriéndose con el endeudamiento.
El déficit fiscal más reciente, comenzó en el año 2013 con el Gobierno de Franco que, en vez de cobrarle más impuestos a los ricos, se decidió contraer deudas a través de los Bonos Soberanos. Para no abultar demasiado el déficit fiscal, a comienzos del Gobierno de Cartes se promulgó la Ley 5098 de “Responsabilidad Fiscal” que limitó el déficit a 1,5% del PIB hasta un máximo del 3% en casos especiales. Desde entonces todos los años se viene acumulando ese déficit y en consecuencia sube el endeudamiento.
Con la pandemia el Congreso decidió liberar ese límite para que el Estado pueda endeudarse mucho más: 1.600 millones de dólares, para financiar el Plan de Emergencia por la pandemia. Se estima que el déficit fiscal llegaría este año al 7% del PIB, es decir, un agujero presupuestario o endeudamiento de alrededor de 2.500 millones de dólares en total.
Prácticamente toda la plata invertida para la construcción de infraestructura del país es a través del endeudamiento, por ejemplo, las rutas, que, con preferencia se construyen para el transporte de los productos de los agronegocios y para la corrupción de las empresas, ya que, cuando está finalizando la construcción, ya se contrata de nuevo una empresa para el mantenimiento porque gran parte de la ruta ya está descompuesta, aunque en teoría debe tener como mínimo 30 años de vida útil. Esto pasa a menudo con toda la infraestructura del país, que se paga con endeudamiento y que lo paga todo el pueblo. Para seguir endeudando al país, el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso el proyecto de Ley de “Administración de Pasivos” o “ley de bicicleteo”, de modo a adquirir nuevas deudas para pagar las deudas vencidas.
Paraguay es el país que más se endeudó hasta ahora con la pandemia entre los países de la región justamente porque no tiene los ingresos suficientes ni la política social y de protección social adecuada para atender a la población y, porque hay una negación total del gobierno a distribuir los costos de la crisis sobre los que concentran la riqueza en el Paraguay.
¿Sobre quiénes recaerá entonces el pago de la deuda?
Periódico Poder Popular, Edición Nº 3, Setiembre 2020.
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