Promovido por los senadores Enrique Riera (Partido Colorado) y Fidel Zavala (Partido Patria Querida), dos representantes de la oligarquía terrateniente de este país, se presentó el 23/07/2020 al Congreso a través de la Cámara de Senadores un anteproyecto de Ley para la creación del SINACARE y la DINACARE, previa cumbre entre los tres poderes del Estado para acordar la Ley, con tratamiento de Código o urgencia, que, en unos de sus capítulos crea una nueva institución la Dirección General de Regularización de las Tierras.
Al respecto la Federación Nacional Campesina (FNC) se pronunció públicamente a través de una conferencia de prensa el 29/07/2020 planteando su preocupación y cuestionamiento al Anteproyecto de Ley; posteriormente el 21/08/2020, luego de consultas con especialistas en derecho agrario, y conjuntamente con la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), el Centro de Estudios HEÑOI y el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) del Dr. Ramón Foguel, se presentó a la Cámara de Senadores una carta de RECHAZO a la Ley por tener el objetivo de fondo de blanquear las tierras mal habidas y plantearse a espaldas del pueblo que en estos momentos de pandemia no tiene posibilidades de participar amplia y democráticamente en su discusión. El acto es un atentado al Estado de Derecho y de aprobarse será una traición más a la patria y al pueblo de este gobierno servil a los intereses de los grupos terratenientes y de los agronegocios que vienen acaparando y concentrando ilegal y violentamente las tierras en el Paraguay.
A continuación, reproducimos la carta presentada al Congreso:
Senador Oscar Salomón
Presidente de la Cámara de Senadores
Las organizaciones abajo firmantes, se dirigen a Usted y por su intermedio a los miembros del Congreso de la Nación, con el propósito de plantear las preocupaciones y la posición de la organización respecto al “ANTEPROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO REGISTRAL (SINACARE) Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO Y REGISTROS PÚBLICOS (DINACARE)”, presentado por los Senadores: FIDEL SANTIAGO ZAVALA SERRATI, ENRIQUE RIERA ESCUDERO, OSCAR RUBÉN SALOMÓN FERNÁNDEZ, ARNALDO AUGUSTO FRANCO ECHEVARRÍA, ABEL ALCIDES GONZÁLEZ RAMÍREZ, HERMELINDA ALVARENGA DE ORTEGA, de fecha 23 de julio de 2020. (CON TRATAMIENTO DE CÓDIGO, ARTÍCULO 6° RESOLUCIÓN N° 50/91), para expresar cuanto sigue:
La extrema concentración de la tierra en el Paraguay es innegable. Lo demuestran los Censos Agropecuarios Nacionales realizados en 1991 y 2008 y lo confirman organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), OXFAM Internacional (2016) y otros, cuando plantean la desigualdad casi absoluta de la tenencia de la tierra en Paraguay y como una de las peores en el mundo, con un factor de desigualdad de 0,93 (GINI).
Este proceso de concentración se realizó históricamente bajo mecanismos ilegales de despojos y violencia sobre la población vulnerable de campesinos e indígenas, y bajo procedimientos amañados, corrupción de funcionarios públicos, falsificaciones registrales, blanqueos notariales y judiciales, etc., y paradójicamente, mediante la Política de la “Reforma Agraria” llevada adelante por las instituciones creadas al efecto: IRA, IBR, INDERT, que han favorecido con la distribución ilegal de grandes cantidades de tierras a personas nacionales y extrajeras no sujetas de la Reforma Agraria, especialmente durante el periodo de la dictadura stronista, aspecto corroborado amplia y claramente con el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (2008), que demuestra que tan solo en dicho periodo dictatorial, el 64,1% de las tierras públicas (6.744.005 hectáreas) fueron adjudicadas de manera ilegal, situación que continuó hasta la actualidad, llegando a unas 7,7 millones de hectáreas.
Por esta razón, expresamos primeramente nuestra enorme preocupación por la presentación del Anteproyecto de Ley mencionado y el “Tratamiento de Código” planteado para su consideración en el Congreso. En primer lugar, se pretende llevar un rápido tratamiento de una Ley que plantea una problemática económica, social y política histórica que ha provocado tantos conflictos, violencia y derramado tanta sangre en nuestro querido Paraguay, en un momento de restricciones públicas y dificultades sanitarias para el debate y la participación efectiva de la población.
En segundo lugar, han acordado la promulgación de la ley entre los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), realizada el pasado 20 de julio de 2020, según la vocería de uno de los impulsores, el Senador Enrique Riera, que planteó públicamente el objetivo de “sanear y regularizar” la tenencia de la propiedad y de la tierra, situación anunciada sin ningún debate público.
Es notorio que la propuesta viene desarrollándose sin la participación del sector social, principalmente del campesinado y los pueblos indígenas, sectores que serán los afectados directos si se llega a aprobar el proyecto en todo lo relacionado a inmuebles. Se evidencia que el proyecto se contempló solamente en el ámbito político, en conjunto con el sector privado y con algunas instituciones estatales, con total exclusión de las organizaciones sociales.
Obviar la participación de los sectores mencionados y abordar en una cumbre de poderes un tema que según los proponentes “sólo interesa a los que poseen algo que regularizar y registrar”, se puede considerar como un atentado a la democracia y al Estado de Derecho.
Si bien la propuesta abarca a todos los bienes y actos jurídicos registrables que involucran a la Dirección General de Catastro (DGC) y a la Dirección General del Registro Público (DGRP), cuya integración podría ser importante, luego se plantea la creación de una Dirección General de Regularización (DGR) "encargada de implementar el programa de regularización, de la posesión, tenencia o propiedad inmueble a nivel nacional y fortalecer la seguridad jurídica a los titulares de la propiedad" sin dejar en claro ni definir en los siguientes artículos los mecanismos de regularización que se asumirán atendiendo las diferentes condiciones e irregularidades en que hoy se encuentra la tenencia y el registro de la tierra, ni menciona en ningún momento "la función social de la tierra", aspecto fundamental del "Estado Social de Derecho" estipulado en la Constitución Nacional.
Nos preguntamos entonces, como organización campesina embanderada históricamente en la lucha por la tierra en Paraguay: ¿qué pasará con los 7,7 millones de hectáreas malhabidas adjudicadas dolosamente por el IBR y el INDERT? ¿Qué pasará con las tierras despojadas sistemáticamente a los territorios indígenas y asentamientos campesinos, con el avance de los agronegocios? ¿Qué pasará con las tierras de frontera ocupadas ilegalmente por extranjeros violando la franja de seguridad prohibida por ley? ¿Se blanqueará la tenencia irregular de las tierras en este proceso de regularización? ¿Es éste el objetivo del fondo del Anteproyecto de Ley presentado? Estas preguntas deben ser necesariamente respondidas previamente con un amplio debate nacional y acordadas políticamente luego de un proceso de participación de todos los actores de la sociedad.
¿De qué participación se puede hablar ahora en términos de restricciones públicas por la emergencia sanitaria, incluyendo el formalismo de alguna audiencia pública, cuando ya se acordó la Ley entre los tres Poderes del Estado a espaldas de la población? Lamentablemente no podemos dejar de mencionar que los miembros del Poder Judicial, conjuntamente con los del Colegio de Escribanos del Paraguay y ciertos abogados facinerosos, han sido siempre los promotores que apañaron ilegalidades, llevando a esta situación de anomia y concentración de la tierra en nuestro país.
Por las razones expuestas: RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE el tratamiento de este anteproyecto de Ley acordado entre cuatro paredes, de objetivos dudosos, y a realizarse a espaldas del pueblo sin la participación debida de la sociedad. Abogamos por la conciencia y el compromiso de los senadores con el pueblo paraguayo para posponer el tratamiento del mencionado anteproyecto, de modo a posibilitar la debida y necesaria participación social que corresponde a un tema de central importancia para la gobernabilidad social y política del país. Sería muy lamentable cargar con la responsabilidad histórica de exacerbar el conflicto social por la tierra, aumentar el sufrimiento del pueblo y propiciar el derramamiento de sangre de muchos compatriotas en el Paraguay.
¡Sin reforma agraria no habrá paz!
Periódico Poder Popular, Edición Nº 3, Setiembre 2020.
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