Ahora, Ña María está desesperada. La cuarentena por el coronavirus, que inició en la segunda semana de marzo, le impide trabajar y sobre todo tener ingresos para comer. Ella y sus hijos sobreviven mediante la solidaridad de los vecinos que se organizaron para las ollas populares y así poder comer, por lo menos, una vez al día. Tiene la esperanza de que en algún momento le alcance la ayuda del Gobierno, ya que su hijo más grande le anotó a través del celular en uno de los programas, “aunque ya pasó un mes otra vez” -expresa.
Miles de trabajadores informales, como Ña María, muchos precarizados, otros con empleo formal, quedaron sin trabajo y sin poder llevar el sustento diario a su hogar, en un Estado con limitadas posibilidades y serias incapacidades para proteger a la población en esta situación de emergencia. Las desigualdades económicas y sociales están a la vista: mientras la clase dominante y otros sectores pudientes se encerraron en sus mansiones o fueron a sus quintas periurbanas, casas de campo o establecimientos ganaderos a pasar la cuarentena, con la heladera y la despensa bien llenas, el pueblo raso no tuvo más remedio que refugiarse en sus barrios populares, viviendas mínimas o casas de hule y cartón, muchos sin trabajo, ingresos y alimentos, por el miedo real al contagio y la posibilidad de ser imputado en caso de no respetar las disposiciones de aislamiento social.
Debido a la histórica precariedad del sistema de salud y la posibilidad real de una catástrofe sanitaria, el Gobierno impuso tempranamente una cuarentana restrictiva y obligatoria de “quedarse en la casa”, cuyos efectos inmediatos fueron: el paro laboral de los trabajadores informales, especialmente de las ciudades; la cesantía de 122.000 trabajadores formales (cifra oficial hasta fines de mayo), el cierre temporal o definitivo de cerca del 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMEs) (el 60% de los trabajadores del país trabajan en estas empresas); el aumento desmedido de los precios de los alimentos básicos y el hambre en muchos sectores de la población.
En este sentido, es la solidaridad comunitaria y la cooperación beneficiosa de distintas instituciones sociales, organizaciones sociales y personas de bien, en los barrios populares urbanos, pueblos y comunidades campesinas, las que hasta ahora han paliado el hambre de la mayoría de la gente. A mediano plazo se prevé una expansión de la crisis, con el aumento del desempleo y subempleo, el trabajo infantil, la disminución de los ingresos y en consecuencia el aumento de la pobreza total y los niveles de subnutrición y hambre, así como, de una mayor desigualdad social.
Para hacer frente a la emergencia sanitaria y paliar las consecuencias de la cuarentena impuesta a la población, el Gobierno promulgó la Ley 6524/2020 de Emergencia Sanitaria con un costo de 1.600 millones de dólares, destinados a: un Fondo de Ayuda Social (Ñangareko, Pytyvo, IPS, kits de alimentos, Tekopora, Adultos Mayores); Fondo de Garantía para créditos a las MPyMEs (FOGAPY); recursos para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH); suspensión por tres meses del pago por el consumo de electricidad para el sector medio y bajo de la población; recursos para el Ministerio de Salud Pública para la compra urgente de insumos, medicamentos, reactivos, equipamiento, construcción y contratación de recursos humanos; y recursos para el financiamiento del gasto público (básicamente salarios y funcionamiento de las instituciones públicas por tres meses).
La totalidad de los recursos es con financiamiento de deuda pública a través de la colocación de bonos soberanos (USD 1.000 millones) y préstamos internacionales (USD 620 millones) y del Banco Central del Paraguay (BCP) (USD 822,6 millones), que en total y hasta fines de mayo ya ascendió a 2.442,6 millones de dólares (equivalente al 6,8% del PIB), sobrepasando 842,6 millones de dólares el monto previsto en la ley de emergencia. Esto debido a la suspensión temporal del pago de las obligaciones tributarias, desfinanciando así al Estado, pero beneficiando a los sectores económicos de mayores ingresos de la población.
La situación actual y el futuro poco alentador ha avivado en la sociedad la discusión sobre las características del Estado que tenemos y el Estado que querríamos tener en base a la realización de los derechos humanos económicos y sociales, y el mejoramiento del bienestar de toda la población.
El Estado actual se sustenta en un modelo económico concentrador (poco distributivo), basado en el extractivismo o agronegocios de exportación, con baja absorción de mano de obra y con ínfimo aporte al fisco; en el sector comercial, principalmente, comercio de frontera o de reexportación y; una estructura de unidades económicas donde el empleo se concentra mayoritariamente en MPyMEs y el trabajo informal. En este modelo económico conviven imbrincadamente actividades legales e ilegales, esta última caracterizado por el tráfico de drogas, armas, trata de personas, contrabando, evasión fiscal, entre otros, que conjuntamente con los grupos oligárquicos conforman verdaderas mafias que controlan o son parte del poder político del país.
La administración política y financiera del Estado es rentista (beneficiando a empresas proveedoras), corrupta y sostenedora de privilegios de los sectores dominantes, políticos y altos funcionarios. Con ingresos limitados debido a la baja presión tributaria (de 10% del PIB, la más baja de américa latina, siendo el promedio regional del 29%) que beneficia principalmente al sector sojero (que solo aporta al fisco alrededor del 5% de todo lo recaudado tributariamente).
Desde 2012 es presupuestariamente deficitaria y financiada con deuda pública que ya sobrepasa el 29% del PIB y que deberá pagar la generación actual, los hijos y los nietos de esta. Un Estado cuya “política de protección social” se basa principalmente en programas selectivos y focalizados de asistencia social tipo Tekopora y Adultos Mayores; con políticas sociales como salud y educación, segregadas y de mala calidad y servicios públicos como agua potable y saneamiento que no llegan a toda la población; con inserción laboral precarizada e informal y con poca promoción productiva de la agricultura campesina e indígena productora de alimentos, así como de las MPyMEs y; con bajo acceso a la seguridad social (solo 22% de los trabajadores). La totalidad del gasto social del Paraguay es de apenas el 8,6% del PIB frente al 20,2% promedio de todos los países del Mercosur; siendo el gasto en salud de 1,8% del PIB frente al 4,6% promedio del Mercosur y, de educación 3,1% del PIB frente al 5,6% promedio del Mercosur.
En síntesis, este es un Estado que privilegia al 10% de la población del país que gana por encima de dos salarios mínimos y, en particular al 1% (alrededor de 70.000 personas o unas 14 mil familias, frente a siete millones de personas o 1.400.000 familias) que gana 84 veces más que el 10% más pobre y concentra más de la mitad de la riqueza que se produce en el país.
Apenas se comenzó a hablar de la necesidad de ciertas reformas en el Estado, el mismo Gobierno se ha adelantado intentando liderar el debate, pero con una clara perspectiva de acordar los “cambios” del poder por el poder.
Desde el Partido Paraguay Pyahurá propugnamos claramente un cambio radical de este Estado dependiente, oligárquico y corrupto, sobre las bases de un modelo de desarrollo equitativo, beneficioso para toda la población y sustentable respecto al medio ambiente. No obstante, nos parece importante la posibilidad de avanzar hacia algunas reformas del Estado y la realización de políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo que pudieran mejorar las condiciones de bienestar de la población. Exponemos a continuación algunas líneas de acción al respecto:
En lo político: Planteamos la conformación de una Junta Patriótica conformada por personas honorables y comprometidas con los intereses del país, de sentido patriótico, reconocida honorabilidad y honestidad, comprometidas con una patria nueva. Asimismo, la reforma del Código Electoral con vista a una verdadera participación de la sociedad en las tomas de decisiones respecto a los problemas nacionales.
En lo económico: a) la realización de la Reforma Agraria, mediante la redistribución de la tierra, el desarrollo de la infraestructura rural, la expansión de los servicios públicos y sociales y el apoyo integral a la agricultura campesina e indígena productora de alimentos, mediante el acceso a la tierra, la semilla y el agua, tecnología apropiada, asistencia técnica y crediticia, aumentando la productividad y el acceso justo a los mercados, con miras a asegurar el abastecimiento alimentario nacional; b)la diversificación productiva, para cambiar la base económica del país con mayor peso en los procesos de industrialización y protección de la industria nacional; c) inversión en infraestructura y servicios públicos y sociales para reactivar el trabajo y el consumo; d) negociar el tratado de Itaipú, de forma participativa y transparente, en función de los intereses nacionales y con el objetivo de apoyar los procesos de industrialización del país y la provisión de un servicio público de calidad; e) protección de la producción nacional, castigando seriamente el contrabando y controlando efectivamente los precios de la canasta básica en los centros de comercialización.
En lo social: Implementar una política de protección social universal con énfasis en: a) la inserción laboral y productiva con puestos de trabajo formalizados; b) la previsión social, extendiendo la obligatoriedad a los trabajadores informales urbanos y rurales; c) la priorización de los jóvenes y las mujeres, con capacitación laboral y servicios productivos; d) el acceso universal a servicios de salud de calidad, priorizando la atención primaria a la salud y el aumento presupuestario como mínimo del 5% del PIB; e) el acceso universal en todos los niveles a una educación de calidad, adecuada a las necesidades del país y con un aumento presupuestario como mínimo del 7% de PIB; f) la universalización de los servicios públicos de calidad, especialmente en el área rural donde el déficit es más pronunciado; g) la participación de las comunidades indígenas en las decisiones de políticas públicas.
En la administración pública: Reforma de la administración pública con una racionalización institucional conforme a políticas prioritarias, eliminando superposiciones institucionales, todo tipo de privilegios, mecanismos de corrupción, clientelismos y rentismo estatal; b) aumento de los ingresos genuinos del Estado a través de una Reforma Tributaria de mayor presión, hasta llegar al mínimo del 20% del PIB, progresivo y directo, que afecte más a los que más ganan, a los sectores cuyos productos generan altos costos sanitarios como ser el tabaco, las bebidas alcohólicas y azucaradas y la comida chatarra y, al sector extractivista que exporta productos con nulo o bajo valor agregado, destruye y contamina el ambiente y las comunidades rurales, desplazando la agricultura campesina productora de alimentos, aumentado la dependencia alimentaria; incorporando el impuesto a las grandes fortunas, así como la progresividad y centralización del impuesto inmobiliario.
El debate sobre las reformas debe ser amplio y democrático, con la participación de toda la sociedad y no entre cuatro paredes como para que no cambie nada o responda solo a la conveniencia de los grupos dominantes que se resisten a sacrificar el más mínimo privilegio. La organización y el debate interno de los sectores sociales históricamente excluidos será fundamental.
Mientras el Estado no atienda las necesidades de Ña María y su familia, así como de la mayoría de los paraguayos y paraguayas que se encuentran en la misma condición, el Estado seguirá siendo ilegítimo y un instrumento de dominación de una minoría con poder económico y político. Entonces, solo la construcción del poder popular podrá avanzar hacia una patria nueva.
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